El 12 de noviembre
pasado se cumplieron diez años del brutal asesinato de Alex Lemún, bajo los
gobiernos de la Concertación, presidido en esa oportunidad por Ricardo Lagos.
Mientras éste se encontraba en el Fundo Santa Alicia en el marco de la
recuperación de tierras que sostenía la comunidad "Montutui Mapu",
Lemún recibió en la cabeza el impacto de un perdigón de plomo de una escopeta
calibre 12, disparada por el oficial Marco Aurelio Treuer, falleciendo el 12 de
noviembre del 2002 en la Clínica Alemana de Temuco.
Mientras la
presidenta Bachelet se encaminaba al tercer año de su continuismo
ultraneoliberal y bajo el techo de la Constitución fascista de la dictadura de
Pinochet y sus secuaces y con una fuerte caída en las diversas encuestas que se
han realizado en el país, la gestión gubernativa de la mandataria
socialdemócrata neoliberal, se ve empañada por la muerte del estudiante
universitario de origen mapuche Matías Catrileo, el joven era estudiante de la
carrera de Agronomía de la Universidad de la Frontera de Temuco.
El incidente se
produjo luego de una serie de acciones reivindicativas promovidas por los
pueblos originarios de la región de la Araucanía y que está relacionada con sus
luchas ancestrales de devolución de las tierras que le fueron arrebatadas por
la ocupación de la Corona española primero, y luego por la naciente oligarquía
económica y financiera chilena, que a través de los siglos ha usurpado las
tierras del pueblo mapuche.
Los connotados
ladrones de tierras, transformados en latifundistas y hacendados, en su mayor
parte proceden del 20% más rico del país. Cuya militancia política o cercanía
se encuentra en las filas del pinochetismo representado por la Unión Demócrata
Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), la Democracia Cristiana y la
Iglesia Católica chilena, que también mantiene bajo su poder tierras que
antiguamente fueron de propiedad de los pueblos originarios chilenos.
El crimen de
Matías Catrileo se ha producido en el marco de la huelga de hambre que han
estado realizando comuneros mapuches y adherentes a su causa, que exigen la
liberación de todos los presos políticos mapuches existentes en el país, además
de algunos beneficios carcelarios, que las autoridades administrativas de los
centros de reclusión, se niegan terminantemente a conceder.
En Chile en la
resolución de conflictos de cualquier índole, ya sean de orden reivindicativo,
por mejores condiciones de vida, por una educación de calidad, buenos servicio
de salud, de buses, viviendas dignas, por tener ingresos éticos y justos, o
recuperar tierras del pueblo mapuche que se encuentran en manos de la clase
económicamente dominante del país. La única respuesta que encuentra la clase
trabajadora, los sectores populares y los pueblos originarios chilenos, siempre
es la represión del Estado chileno, que amparado en la Constitución fascista de
la dictadura, y su ley antiterrorista, les permite desplegar la policía
militarizada chilena, en este caso, en toda la región de la Araucanía, que
suele responder con la mayor brutalidad posible, como en los mejores tiempos de
la dictadura.
El Estado
chileno, y los cogobiernos de la Concertación con el pinochetismo (UDI-RN), con
respecto a las demandas ancestrales de los pueblos originarios chileno,
pareciera tener establecido una política de exterminio, más que la solución
real de sus peticiones. En este plano, el Estado chileno y los gobiernos de la
Concertación hicieron tabla rasa de las resoluciones de las Naciones Unidas,
con respecto a la situación de los pueblos originarios y sus conculcados
derechos históricos y humanos.
En otro escenario
y siempre en la región de la Araucanía, los aparatos represivos del Estado
chileno, que reciben órdenes directas del Ministerio del Interior, asesinaron al trabajador forestal Rodrigo Cisternas, que
participaba en la lucha por mejores demandas económicas para el conjunto de los
trabajadores forestales de la región. Cabe agregar además que los Tribunales de
Justicia, sin haber llevado una investigación exhaustiva al respecto, han
resuelto dejar en la más absoluta impunidad el crimen de Rodrigo Cisterna, sin
que ninguno de los esbirros de la policía militarizada pague con cárcel por
ello. Este crimen sin duda mancha con sangre de chilenos la gestión realizada por
el gobierno concertacionista de Michelle Bachelet, que se ampara en la
legalidad de la dictadura reinante hasta ahora en el país.
El criminal de los aparatos represivos
militarizados del Estado chileno, que ultimo a Matías Catrileo, fue
identificado como el policía uniformado Walter Ramírez Espinoza, quien fue
detenido en la subcomisaría de Fuerzas Especiales de la ciudad Temuco, en la
actualidad, no cumple condena alguna.
Mientras tanto la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido (AFDD), en una carta
dirigida a la Corte Suprema, adjudicó al renunciado ministro Belisario Velasco
la responsabilidad política y penal por la muerte del joven mapuche Matías
Catrileo Quezada.
La organización
mapuche Meli Wixan Mapu realizó una conferencia de prensa para pedir la
renuncia del jefe de zona policial de la Araucanía, Mauricio Catalán, y
acusaron a Carabineros de implementar una política de represión indiscriminada
y de "gatillo fácil" contra las comunidades mapuches.
El vocero de la
organización, Manuel Díaz Calfíu, indicó que era su “responsabilidad moral”
pedir esta renuncia, a pesar las pocas esperanzas que tienen de que su petición
se haga realidad, citando como antecedente la investigación por el asesinato de
Alex Lemún, adjudicado al mayor Marco Aurelio Treuer, quien "fue después
ascendido a comandante", siendo premiado así por los gobiernos de la
Concertación.
El alevoso crimen
del estudiante universitario de origen mapuche mantiene la región con una
fuerte tensión, ante las movilizaciones que se
desplegaron por grupos de protesta por el crimen del joven comunero
mapuche. Las manifestaciones de los pueblos originarios en la zona, ha
significado la ocupación de carreteras, el impedimento del flujo de
automóviles, buses, camiones y la realización de fogatas como señal de
protesta.
En la ciudad de Concepción,
otro grupo protagonizó una marcha que comenzó en la catedral de la ciudad, pasó
por el edificio institucional de Carabineros de esa región, en donde se repudió
el actuar de los efectivos de la policía uniformada, y concluyó con una velatón
en homenaje al universitario fallecido.
Los crímenes de
Alex Lemún, Rodrigo Cisterna y Matías Catrileo, se inserta en un Estado y
gobierno, que actúa con un claro signo autoritario y amparándose en la legislación
represiva de la dictadura, que permite que los aparatos de la policía
uniformada del Estado chileno actúen de forma despiadada imponiendo el
terrorismo de forma virulenta y brutal contra todos aquellos que osen por
exigir mejores condiciones de vida o la restitución de sus tierras enajenadas.
La presidenta
Bachelet, el Ministro del Interior, el Intendente respectivo de la región, la
coalición política de gobierno, cual Poncio Pilatos, no pueden seguir lavándose
las manos antes los crímenes y la represión que se impone desde las sombras del
palacio de gobierno y la casta política que cogobierna el país, la denuncia
ante los organismos internacionales respectivo no se puede dejar de esperar,
menos la movilización social y la solidaridad con los pueblos en lucha.
